Aplicar ley de salarios públicos tomará hasta un año para completar

Por el 31/07/2013
Los plazos para hacer los reglamentos que implica van desde seis hasta diez meses a partir de la promulgación

La Ley de Regulación Salarial del Estado Dominicano necesitó casi un año para ser ratificada luego de la observación presidencial a algunos de sus elementos y requerirá un período similar para poder ser aplicada, debido a la gran cantidad de aspectos sueltos que tiene y que necesitan ser reglamentados,  comenzando con la escala de sueldos.

Hasta el momento solo están definidos los topes de sueldos para el Presidente y Vicepresidente de la República, los titulares de los demás poderes del Estado, de los tribunales Constitucional y Superior Electoral, de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral, de los ministros y rangos equivalentes como procurador General de la República y Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y el Defensor del Pueblo.

El artículo 12 de la ley, que todavía no tiene asignado número porque no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo, establece la “escala de remuneraciones”  en el nivel máximo para esos cargos, refiriendo RD$450,000 para el Presidente, RD$400,000 para el Vicepresidente y los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional. El sueldo bruto máximo referido para los ministros es de RD$300,000, igual que el Consultor y el procurador General y para el defensor del pueblo RD$250,000.

Ladillo azul

La definición taxativa de los topes abarca a los que serían los 30 mayores sueldos del sector público dominicano, donde hay empleadas, incluyendo los gobiernos municipales y las entidades descentralizadas,  un poco más de 600 mil personas.

La escala salarial de los poderes, órganos y entes constitucionales del Estado, que abarca  las remuneraciones a los senadores y diputados sin funciones directivas en los bufetes de esos organismos, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, los integrantes del Ministerio Público, los titulares de la JCE y de la Cámara de Cuentas, del Defensor del Pueblo, del Banco Central y la Junta Monetaria y de los servidores públicos dependientes de cada uno de esos órganos, será establecida por resolución que “dicte la autoridad competente”, según el régimen propio establecido en la Constitución, ley o reglamento que lo rige, la que deberá respetar en todo caso los  principios y reglas establecidas en la presente ley.

Los mecanismos de aplicación de la ley tienen plazos de entre seis y 10 meses para ser establecidos, según mandato de la propia legislación. Para los reglamentos complementarios, que deberán ser elaborados por el Ministerio de Administración Pública (MAP), la ley da un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la norma, para presentarlos al Poder Ejecutivo, quien finalmente lo dictará.

Igual plazo le otorga para elaborar el reglamento de escala salarial e incentivos para los entes y órganos dependientes o vinculados al Poder Ejecutivo.

En cuando a la revisión de las escalas salariales, dentro de las disposiciones transitorias establecidas por la ley, el párrafo tercero ordena que el MAP realice un estudio de dotación del personal, la escala salarial y de remuneraciones del cuerpo diplomático  y presentar las propuestas respectivas en un plazo de hasta 10 meses luego de promulgada la ley. Los mismos términos dispone para que el MAP estudie los salarios de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Asimismo, la ley manda al Senado, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia y los demás órganos y entes de origen constitucional a que en un plazo de seis meses revisen, adecuen y actualicen de su régimen interno de remuneración, según los parámetros establecidos en la legislación.

Otra tarea que el MAP deberá hacer en un plazo no mayor de tres meses, a partir de la publicación de la ley, es la de coordinar con los entes y órganos dependientes o vinculados con el Poder Ejecutivo un levantamiento del personal y de sus retribuciones reales a fin de establecer mecanismos que garanticen la equidad salarial institucional. La ley manda que los salarios de los demás funcionarios de altos cargos que no estén previstos en esa disposición legal serán establecidos transitoriamente por el Presidente de la República hasta tanto se aprueben, a propuesta del MAP, los salarios definitivos de esos cargos, pudiendo los mismos ser menores o mayores a los se que fijen temporalmente.
La octava disposición transitoria indica que en lo que respecta al Banco Central, la ley entrará en vigencia de inmediato, con excepción de la escala salarial, la cual será revisada después de cumplido el segundo año de promulgación.

La legislación se fundamenta en ocho principios, que enfatizan los aspectos de equidad, equilibrio y jerarquía salarial, principalmente. “Ningún servidor público del Estado dominicano podrá devengar un salario mayor al de los titulares de los órganos y entes de origen constitucional, de los entes y órganos  dependientes o vinculados al Poder Ejecutivo para el que labora”, ordena el principio de jerarquía salarial. También dispone que “ningún servidor público devengará un salario mayor al que perciba el cargo inmediatamente superior”.

Ese aspecto plantea una revisión en altas instancias del sector descentralizado y en órganos constitucionales, donde los salarios de los titulares superan los niveles actuales del Presidente y Vicepresidente de la República. Entidades como el Instituto de las Telecomunicaciones, las superintendencias de Bancos y la de Seguros, los  bancos de Reservas, Nacional de la Vivienda y Central tienen niveles salariales por encima del tope fijado en la ley para el Presidente y Vicepresidente de la República.

Cita tratamiento a los salarios empresariales

La ley prevé para la regulación salarial en empresas del Estado que cuando sean entidades cuyo capital social pertenezca al menos en un 75% al Estado o a los órganos autónomos o descentralizados del Estado instituido por leyes especiales, las remuneraciones a los directivos, administradores, funcionarios o empleados serán dispuestos por los consejos directivos o la autoridad competente de que se trate, en coordinación con el ministro de su dependencia o adscripción y el MAP, y su entrada en vigencia estará sujeta a la previa aprobación del Presidente de la República. Para los ayuntamientos la referencia es la Ley de Administración local.

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